La Ley 30364, Ley Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, define a la violencia contra las mujeres como: Cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el privado. Se entiende por violencia hacia las mujeres:

• La que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer. Comprende, entre otros, violación, maltrato físico o psicológico y abuso sexual.
• La que tenga lugar en la comunidad, sea perpetrada por cualquier persona y comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar.
• La que sea perpetrada o tolerada por los agentes del Estado, donde quiera que ocurra.

La citada norma recoge la definición de las Naciones Unidas, la cual reconoce que las mujeres en todas sus etapas de vida, pueden ser víctimas de violencia en el ámbito privado y en el público por su condición de mujer o basada en su género. En ese contexto, la Política Nacional de Igualdad de Género (PNIG), sostiene que la violencia hacia las mujeres es producto de la discriminación estructural hacia ellas, producto de normas y patrones socioculturales como el machismo, que legitiman y asignan roles vinculando lo productivo a lo masculino y lo reproductivo a lo femenino. Asimismo, la distribución desigual de poder entre hombres y mujeres está basado en un conjunto de costumbres y creencias, en relación a lo que una mujer y un hombre deben ser y hacer. La violencia contra la mujer es una forma de discriminación que le impide ejercer plenamente sus derechos y libertades, por lo cual constituye un problema social que exige respuestas del Estado.